La contratación pública es una de las principales vías de negocio para empresas  que buscan trabajar con la Administración. En España, la materia está regulada  principalmente por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), que  establece los principios de **transparencia, igualdad y libre competencia** en los  procedimientos de licitación. 

¿Qué es una licitación pública? 

Es el proceso mediante el cual las administraciones públicas (ayuntamientos,  comunidades autónomas, ministerios, organismos públicos, etc.) seleccionan a la  empresa que prestará un servicio o suministrará un producto. 

Las licitaciones pueden ser: 

Abiertas: cualquier empresa puede participar. 

Restringidas: solo empresas invitadas pueden presentar ofertas. Negociadas: en casos especiales y con negociación directa. 

¿Qué deben tener en cuenta las empresas? 

  1. Cumplimiento estricto de plazos y requisitos: la documentación debe ajustarse  a lo que establece el pliego. 
  2. Solvencia técnica y económica: es necesario acreditar capacidad para ejecutar  el contrato. 
  3. Uso de la Plataforma de Contratación del Sector Público: la mayoría de  procedimientos se publican y gestionan de forma electrónica. 
  4. Impugnación de licitaciones: existe la posibilidad de recurrir resoluciones ante  el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

¿Cómo puede ayudar un despacho de abogados especializado? 

Asesoría previa en la preparación de ofertas. 

Revisión de pliegos para evitar exclusiones. 

Defensa legal en recursos administrativos y contencioso-administrativos. Asistencia en la ejecución de contratos y resolución de incidencias. 

En nuestro despacho contamos con un **equipo especializado en contratación  pública y licitaciones**, ofreciendo asesoramiento integral a empresas nacionales  e internacionales que desean participar en el mercado público en España. 

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